DDHH e Interés Publico vie 21 Jun 2019

Tribunal Constitucional v/s Corte Suprema ¿Una contienda de competencia o un conflicto de poderes?

Carola Cotroneo

Rivadeneira Colombara Zegers

Cada cierto tiempo en la práctica jurídica nacional se aprecian indicios de tensiones institucionales entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Sin embargo, pocas veces sucede que existen dos procesos pendientes -uno ante la jurisdicción ordinaria y otro ante la jurisdicción constitucional- en que dicho conflicto se manifiesta con una intensidad tal que haya provocado que el Presidente de la Corte Suprema, en su discurso inaugural de este año judicial 2019, reconociera pública y expresamente la existencia de “tensiones entre ambos órganos públicos”.

Nos referimos, en primer término, al cumplimiento del fallo dictado por CS (Rol N° 73.923-2016) en la que se ordenó a las principales empresas de telecomunicaciones a desprenderse del espectro radioeléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700. En este procedimiento de ejecución, una de las empresas condenadas presentó ante el TC (Rol N° 6019-2019) una acción de inaplicabilidad, ocasión en la cual dicha Magistratura ordenó la suspensión de la gestión pendiente ante la CS. Enseguida, a propósito de un falso recurso de hecho interpuesto por la ejecutante del fallo, la CS (Rol N° 2573-2019) se negó a suspender dicho procedimiento, aduciendo que la suspensión decretada por el TC recaía en un Rol distinto de la CS (254-2019).

El segundo caso se trata de la causa Rol N° 2800-2019, en la cual, la CS revocó una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 566-2019) y declaró admisible un recurso de protección interpuesto por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales en contra de una sentencia dictada por el TC que declaró la inaplicabilidad por inconstitucional de ciertas normas del Código del Trabajo. En el marco de este recurso de protección, el TC envió un oficio a la CS señalando, de manera pública y expresa, que dicha Magistratura “carece de jurisdicción para entrar a revisar los fundamentos o contenidos de la sentencia que se pronunció sobre la inaplicabilidad de los preceptos legales impugnados en el proceso constitucional ventilados ante este órgano, dotado de competencia exclusiva y excluyente”. Asimismo, por medio del Oficio en comento, el TC se encargó de dejar en claro que -en su parecer- “la acción constitucional de protección no puede ejercerse para invalidar sentencias del Tribunal Constitucional, (…) sin quebrantar las bases mismas de la institucionalidad, consagradas en el capítulo I de la Carta Fundamental”. Actualmente, el recurso de protección se encuentra pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y el Consejo de Defensa del Estado asumió la representación del Tribunal Constitucional.

Para parte de la opinión pública -y de los académicos que informaron en Derecho en el primer caso- estos conflictos constituirían una contienda de competencia entre ambas Magistraturas. Sin embargo, los casos referidos no se encuadran en los tipos de contienda de competencia regulados en la Constitución Política de la República (artículos 53 N° 3 y 93 N° 12) y en el Código Orgánico de Tribunales (artículos 190 y 191), por lo que se estima que no nos encontramos ante verdaderas contenidas de competencia, no al menos en los términos descritos por la legislación vigente.

De este modo, no existiendo una norma expresa que resuelva el conflicto entre las principales Magistraturas del país, la necesidad de una reforma legal en la materia se hace evidente, porque entre más definidas y delimitadas estén las esferas de la legalidad ordinaria y la constitucional, más fácil será alcanzar una pacífica articulación entre ambas jurisdicciones. Sin embargo, una reforma legal puede tardar años e incluso no ser idónea para resolver el problema, dada la conocida incapacidad de la Ley para precaver todas las circunstancias fácticas que pueden suceder en el futuro.

En definitiva, estimamos que la solución de las tensiones actuales entre los Tribunales Ordinarios -con la CS en su cúspide- y el TC requiere de una nueva voluntad o cambio de actitud por parte de los actores involucrados, los que deben realizar el esfuerzo de actuar con mayor deferencia -o respeto- hacia las decisiones que -dentro de la esfera de competencia- adopten las Magistraturas ordinarias o constitucionales. En el intertanto y mientras ella no suceda, nos mantendremos atentos a los casos anteriormente referidos, para saber cómo es que -a lo menos- en la práctica el Derecho chileno soluciona los conflictos de poderes entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.

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