Derecho Público vie 11 Oct 2019

Mecanismos de control externo entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional: ¿Puede existir una revisión judicial de las sentencias constitucionales?

Carola Cotroneo

RCZ Abogados

En los sistemas jurídicos que cuentan con dos jurisdicciones -una ordinaria y otra constitucional- es común observar desavenencias entre ambos poderes, especialmente en lo que respecta al control externo que cada una de dichas Magistraturas pueda realizar sobre la otra. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en países como España o Alemania, en los que se permite la interposición del recurso de amparo ante la justicia constitucional en contra de decisiones judiciales ordinarias cuando presuntamente vulneran derechos fundamentales.

La práctica judicial nacional no ha estado exenta de este fenómeno y, tras la sentencia pronunciada por la Corte Suprema, Rol N° 21.027-2019, la discusión en torno a las competencias y controles externos entre ambas Magistraturas ha alcanzado un punto culmine. En concreto, conociendo de una acción de protección interpuesta por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró que “las actuaciones” del Tribunal Constitucional pueden ser controladas por la vía jurisdiccional mediante el recurso de protección. Con esta sentencia, la Corte Suprema confirmó el criterio esbozado en un pronunciamiento anterior (Rol N° 2800-2019), en el que revocó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible la aludida acción de protección.

En primer término llama la atención que, con este pronunciamiento, la Corte Suprema haya modificado su hasta entonces asentada jurisprudencia sobre la improcedencia del recurso de protección como medio de impugnación de las resoluciones judiciales (expuesta, por ejemplo, en un fallo dictado por la Tercera Sala el día 8 de abril de 2019, Rol N° 28.487-2018). Si bien, en la redacción del fallo comentado el Ministro Muñoz advirtió que esta acción constitucional no puede ser entendida como un “recurso que permita revisar lo resuelto por tribunales ordinarios o especiales” (considerando cuarto) y, fue cuidadoso en utilizar el vocablo “actuaciones” del Tribunal Constitucional (considerando quinto); es manifiesto que el acto recurrido fue una sentencia -supuestamente- infractora de derechos fundamentales, cuyo contenido fue analizado y revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Por lo anterior, es cuestionable que la Corte Suprema -arrogándose facultades que no le corresponden e invadiendo a otros poderes del Estado- haya creado un sistema de frenos y contrapesos ausente en el diseño institucional chileno. En efecto, considerando que este fallo deja abierta la posibilidad de recurrir de protección en contra de sentencias del Tribunal Constitucional que se consideren infractoras de derechos fundamentales, de acogerse alguno de aquellos recursos, la Corte Suprema no sólo estaría revisando la legalidad de los criterios del Tribunal Constitucional, sino, además, los estaría reemplazando, arrogándose un control de constitucionalidad que -pese a su oposición- le fue arrebatada por la reforma constitucional del año 2005. Así, el fallo de la Tercera Sala provocó una invasión de funciones jurisdiccionales constitucionalmente atribuidas al Tribunal Constitucional, configurándose una extralimitación competencial por parte del Poder Judicial.

Ahora bien, no puede obviarse que el pronunciamiento de la Corte Suprema surge en medio de fuertes y constantes críticas a los exorbitantes poderes del Tribunal Constitucional chileno. En este sentido, se ha cuestionado el hecho de que las decisiones de la Magistratura Constitucional no puedan ser revisadas por ningún otro Tribunal y que sus Ministros carezcan de la responsabilidad política que afecta a otras autoridades, por lo que, puede advertirse que el fallo de la Corte Suprema intenta -de cierta manera- dar respuesta a dichas críticas. Sin embargo, por muy deseable que sea la presencia de aquellas herramientas de control en el diseño institucional constitucional chileno, ello no habilita a la Corte Suprema a suplir al legislador, creando una regla de control bajo el pretexto que aquella no existe.

En definitiva, de seguir la tesis formulada por la Corte Suprema se estaría contradiciendo el punto de vista “dworkiniano” que el propio Ministro Muñoz manifestó en su voto de prevención (considerando 3°): significaría admitir que, en los casos difíciles, el Juez no está aplicando el derecho -porque las reglas no le indican uno u otra dirección-, lo está creando. 

 

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