Energía y Recursos Naturales mar 24 Sep 2019

María José Zegers, directora de Energía y Recursos Naturales de RCZ, fue entrevistada por el Noticiero Judicial

María José Zegers, directora de Energía y Recursos Naturales de RCZ, fue entrevistada por el Noticiero Judicial sobre un recurso de protección acogido por la Corte de Apelaciones de San Miguel en cual ordena a la Municipalidad de Talagante materializar una mesa de trabajo con las empresas de telecomunicaciones y de distribución eléctrica para el retiro del cableado aéreo en desuso, desde la vía pública de la comuna.

 

Al respecto Zegers explica que en esta acción se alega la infracción a dos derechos constitucionales. El primero tiene que ver con el derecho a la vida e integridad física, por considerar que los cables en desuso ponen en peligro la libre circulación de la gente en la calle. Además, se invoca el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dado que los cables contaminan el paisaje y la belleza propia de las ciudades.

 

Este conflicto se genera por el hecho que los cables en desuso, si bien son de propiedad de las empresas de telecomunicaciones, se encuentran en postes que pertenecen a las empresas de distribución eléctrica, pero además cruzan un espacio público que es administrado por las municipalidades. Por lo mismo, los tres entes no logran ponerse de acuerdo en quién los retira, y es ahí cuando la justicia debe dictaminar quién lo es.

 

Se hace presente que este conflicto ha sido recientemente regulado con la dictación de la Ley 21.272 publicada el pasado 20 de agosto, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones estableciendo que las empresas de telecomunicaciones son las responsables de la adecuada instalación, modificación, mantención, traslado y retiro de las líneas de cables de los servicios de telecomunicaciones. Agrega que cuando estos elementos dejan de ser utilizados son calificados para el servicio autorizado serán calificados como desechos que deben ser retirados por la respectiva concesionaria de telecomunicaciones, o en caso de no hacerlo dentro de plazo, los municipios podrán retirarlo, a costa de dicha empresa.

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