Desde fines de los 90 que Ricardo Rivadeneira, quien fue el primer presidente de Renovación Nacional, no visitaba el Palacio de la Moneda.

Las últimas veces fue en el marco del trabajo de la Comisión Nacional de Ética Pública -de la cual el abogado formó parte- impulsada bajo el mandato del entonces Presidente Eduardo Frei. Y hoy, 10 años más tarde, fue su hijo Ignacio Rivadeneira -actual encargado de contenidos de La Moneda- quien lo invitó a recorrer las dependencias del segundo piso tras el acto conmemorativo de los 25 años del Acuerdo Nacional.

Primero, Ignacio le mostró su oficina y le presentó a sus compañeros de trabajo. Luego, fueron al despacho presidencial donde en esos momentos se encontraba Sebastián Piñera, quien tras un caluroso saludo le mostró sus dependencias y luego se sumó a un recorrido por la galería de los ex presidentes.

La relación de Rivadeneira con La Moneda data desde el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, cuando en su rol de secretario del Ministro de Hacienda, Jorge Prat, fue un asiduo visitante de Palacio. También estuvo varias veces en La Moneda como parte del Consejo de Defensa del Estado, en el gobierno de Salvador Allende.

 También exponen el abogado Tomás Menchaca, Presidente del Tribunal de Libre Competencia, acerca de la visión del TDLC, y el abogado y miembro del Consejo Consultivo de Libre Competencia, Sr. Álvaro Ortúzar Santa María, sobre la visión de un abogado del foro.

En 2006 Aserradero Paillaco contrató un crédito entregando como prenda un bosque de 25 hectáreas y rollizos avaluados en más de $400 millones. Cuando la empresa quebró y el Banco Security quiso cobrar la garantía, los bosques habían sido completamente talados y los rollizos estaban desaparecidos. El Fiscal de La Unión formalizará a Francisco Léniz y a dos ejecutivos de la compañía por el delito de estafa el próximo 9 de septiembre.

Fernando Léniz Cerda era presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) cuando su compañía, Aserraderos Paillaco, pidió su quiebra en mayo de 2008. Una noticia que golpeó la imagen de uno de los símbolos del sector: estuvo a la cabeza de la Corma en dos períodos anteriores (1963-1966 y 1996-1998), en los cuales logró incorporar al gremio a la Sofofa y buscó los consensos para apurar la tramitación de la Ley de Bosque Nativo, según señala la página web del gremio.

Empresario respetado, de amplias redes, consejero del CEP, muy amigo de Anacleto Angelini, lo representó en el directorio de la Sudamericana de Vapores –la naviera de Ricardo Claro- y su  hijo Fernando Léniz Mezzano fue gerente general de la Forestal Arauco, de propiedad del fallecido empresario italiano.
Ex consejero de la Sofofa, distinguido como el mejor ingeniero por el colegio de la orden en 2006, homenajeado por 750 personas en una comida en CasaPiedra a raíz del incendio intencional de su casa en Panguipulli en 2003, y ex ministro de Economía del régimen militar, Léniz era, a todas luces, garantía de seriedad y confianza en el empresariado.

No era lo ideal que la cabeza del gremio bajara la cortina de su compañía maderera, con 23 años de trayectoria, pero nadie es un mago de los negocios.

La historia, sin embargo, no culminó ahí. Una vez declarada la quiebra el Banco Security, que había prestado $567 millones a Aserraderos Paillaco, decidió cobrar los bienes entregados en prenda. Un bosque de 25 hectáreas de pino radiata en el fundo La Esperanza, en La Unión, y rollizos guardados en una planta en la ruta entre Paillaco y Valdivia.

“Esto ha sido un escándalo. Se trata de un delito muy grave y llevamos dos años de investigación”, alega Zegers por la lentitud del proceso que se encuentra acreditado con documentos y fotos.

El último escenario que esperaba el banco era encontrarse con los bosques completamente talados y los rollizos, desaparecidos. Los primeros estaban avaluados en 2.966 UF ($63 millones) y los segundos en 16.744 UF ($355 millones).

Con estos antecedentes, el Banco Security presentó, a mediados de 2008, una querella por estafa en contra del gerente general y director de la empresa, Francisco Léniz Mezzano, hijo de Fernando Léniz; el ingeniero comercial Patricio Musre Parra y Luis Calzada Terrones. Los dos últimos habían firmado las escrituras del crédito en 2006 mientras Léniz Mezzano, según la querella, “se encontraba a cargo de las operaciones comerciales y de todas las decisiones relevantes en materia de administración contando con amplios poderes”.

Patrocinada por el abogado Rodrigo Zegers, del estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers, la querella hace hincapié en la conformación del directorio: Fernando Léniz Cerda en la presidencia; sus hijos Fernando y  Francisco Léniz Mezzano; Dean Collins y Gary Moore (representantes de Cascade Wood Products, la socia norteamericana que posee un 40% de la propiedad) como directores.

“Obviamente pretendemos hacer efectiva la responsabilidad penal contra todos los que resulten responsables. Es difícil que los directores no sepan, pero es materia de la investigación determinar las personas que dieron la orden y quienes se beneficiaron (con la operación)”, sostuvo Zegers a El Mostrador.

“Es un escándalo”

El pasado jueves 6 de agosto se realizó la audiencia de formalización, pero los tres querellados no se presentaron. Sus abogados (del estudio Franco y Cía. de Temuco) informaron al Tribunal de Garantía de La Unión que sus clientes Léniz y Musre no fueron notificados, pues habían cambiado de domicilio. Tampoco Calzada, quien tiene defensor público. La nueva audiencia quedó fijada para el 9 de septiembre, a las 11 horas.

“Esto ha sido un escándalo. Se trata de un delito muy grave y llevamos dos años de investigación”, alega Zegers por la lentitud del proceso que se encuentra acreditado con documentos y fotos.  “La plantación forestal ya no existe, por lo cual no se puede valorizar”, escribió en su informe el agrónomo y tasador de los bienes del banco, Gustavo Barrios, en su visita al predio el 20 de mayo de 2008. Iba acompañado del notario de La Unión, Alberto Galilea.

Mientras, el ejecutivo del Security, Pablo Ávila Freund, al visitar la planta ocho días después verificó que los rollizos ya no se encontraban ahí. “Tomó personalmente fotografías del lugar”, afirma la querella.

Sobre la demora en la investigación, el Fiscal de La Unión, Raúl Suárez, explicó a El Mostrador que “se han hecho una serie de diligencias que han implicado la toma de declaraciones a testigos en Santiago y Temuco y órdenes de investigar a la Bicrim (Brigada de Investigación Criminal) de la PDI”.

No se ha logrado –agregó- tomarle declaración a los querellados. “El señor Léniz y uno de los otros se acogieron al derecho de guardar silencio”, indicó.

¿Dónde están?

El préstamo fue otorgado bajo la figura de “prenda sin desplazamiento”, lo que según el abogado querellante, significa “que el deudor no puede vender, talar, comercializar ni trasladar los bienes sin la autorización escrita del acreedor”. En su escrito detalla que los bosques “fueron presuntamente vendidos a terceras personas al igual que los rollizos, destruyéndose al margen de la ley la garantía al banco”. Por eso, solicita investigar quiénes talaron los pinos y quiénes trasladaron los rollizos y por instrucciones de quién lo hicieron.

El Fiscal de la causa agrega que las penas “van desde 541 días a cinco años, se trata de un delito muy especial que está en la Ley 18.122 y sanciona con penas establecidas en el Código Penal el delito de estafa al deudor que teniendo en prenda un bien mueble, posteriormente, lo destruya, ya sea que lo comercialice u otra forma”.

En la querella se deja constancia que la quiebra la pidió la propia empresa, “por lo que no se descarta la comisión de algún delito de quiebra fraudulenta o culpable”. Al momento de informar las razones, Fernando Léniz dijo a El Mercurio que obedecía a la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, a donde exportaba gran parte de su producción, y lamentó el despido de 600 trabajadores.

El síndico de quiebras, Cristián Herrera, a cargo del proceso, no respondió llamados ni correos de El Mostrador. La deuda de Aserraderos Paillaco asciende a $7.700 millones.

Los abogados de la defensa no contestaron las consultas de este diario. Fernando Léniz Cerda, según sus cercanos, se encuentra actualmente con su salud deteriorada y sale muy poco de su residencia en Los Dominicos.

Los ejes temáticos de la segunda versión del Congreso son “El dilema de la diversidad: Pueblos, Minorías Culturales, Universalismo y Multiculturalismo”, “Estado Social y Democrático de Derecho en Chile”, “Corte Penal Internacional, Realidad y Desafíos”, y “El Derecho penitenciario frente a los Derechos Humanos: La experiencia comparada y el caso de Chile”.

En él exponen los profesores José Antonio Viera Gallo, Myrna Villegas, José Aylwin, Miguel Carbonell, Eduardo Aldunate, Claudio Nash, Ricardo French Davis, Claudio Grossman, Héctor Olásolo, Ximena Fuentes, Alfredo Etcheberry, Juan Pablo Mañalich, así como un representante de CONADI, y los Sres. Rodrigo Escobar Gil, de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Juan Pablo Chirinos, y Alejandro Jiménez, ex director de Gendarmería de Chile.

 El evento se desarrollará los días 10, 11, 12 y 13 de agosto de 2010 en el Teatro Universidad de Chile.

Antes de ello, Ana Lya Uriarte se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA), como abogada de la Unidad Ambiental del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y como Abogada Jefa del Servicio Metropolitano del Ambiente, SESMA, entre otros cargos públicos.

Además de ejercer profesionalmente en rivadeneira ♦ colombara ♦ zegers, Ana Lya Uriarte es investigadora y profesora del Centro de Medioambiente de la Facultad de Derecho de la  Universidad de Chile.

El abogado Ciro Colombara, socio del estudio Rivadeneira Colombara Zegers, representa emblemáticos procesos judiciales en Chile. Y en dos de ellos activará una poco conocida herramienta de “mediación” en el marco de la OCDE, el organismo multilateral al que Chile adhirió este año. Se trata de una vía paralela y distinta a los tribunales chilenos.

Uno de los casos -y el que está más adelantado en su presentación- es el de la quebrada aerolínea Air Comet, de matriz hispana, en la que trabajadores de la firma aérea en Chile se vieron afectados, pues se les adeudan sus remuneraciones por un estimado de US$ 3 millones en su conjunto.

El otro es el bullado caso del Laboratorio B. Braun y el suplemento ADN, en el que Colombara es uno de los abogados querellantes. En este caso, el juicio penal en Chile -que se iniciará probablemente en octubre- definirá la responsabilidad que les cabría a ejecutivos de la compañía en la muerte de pacientes, tras consumir partidas defectuosas del complemento alimenticio en 2007.

En el marco de la OCDE existe un mecanismo denominado “Directrices para las Empresas Multinacionales”, que implica activar una instancia de diálogo o mediación cuando surge un conflicto o una queja de un reclamante (una ONG, trabajadores y consumidores, entre otros) que se siente afectado por alguna acción de una compañía cuya casa matriz está en un país partícipe de la OCDE.

“Con una intervención política y de acuerdo con los estándares o parámetros de la OCDE”, confirma Colombara, quien plantea que para Air Comet se trata de agilizar la reparación a los trabajadores afectados, y para B. Braun, medidas preventivas, de no repetición a futuro y de reparación en la salud de las víctimas en los casos que sea posible. Desde este año Chile es parte de la OCDE, pero ya en 1997 había adherido al citado mecanismo, algo permitido, pues hay otros 10 países que no son parte de la organización pero sí son adherentes a estas guidelines, que abarcan aspectos como medio ambiente, transparencia, relaciones laborales y medidas anticorrupción, entre otros, y que están en proceso de actualización en la OCDE, explica Marcelo García, quien es el Punto Nacional de Contacto (PNC) del departamento OCDE en Chile, funcionario de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

En dos ocasiones se han activado procesos similares en Chile en 2003 y en 2005, uno protagonizado por Marine Harvest y otro por Unilever.

Es que tras la implementación del Ministerio de Medio Ambiente, ahora seguirá la puesta en marcha de los tribunales ambientales, cambio que abrirá un campo de especialidad en estos litigios, algo similar a lo que en el pasado ocurrió con la institucionalidad de la Libre Competencia, cuando comenzó a operar el Tribunal de la Libre Competencia.

Este no es el primer fichaje de este bufete de abogados de ex figuras del gobierno de la Concertación. En abril pasado había arribado al estudio Enrique Vergara, el ex fiscal nacional económico, también con el objetivo de generar un área de práctica especializada, en su caso, en temas de libre competencia.

Para el abogado Ciro Colombara esto es sólo una coincidencia y recalca que no hay criterios políticos en estos fichajes, sino que buscan rodearse de profesionales con expertise en la materia.

“No tiene ninguna lectura política. Nosotros somos pluralistas. Lo que se produjo con posterioridad al cambio de gobierno fue la grúa con la gente que había estado implementando estos cambios”, dice.

Tanto para Uriarte como para Vergara aún está rigiendo un período de inhabilidad para entrar de lleno en tomar casos en sus materias de expertise. Para la ex ministra expira el 11 de septiembre, seis meses desde que dejó el ministerio.

“Hace más de 10 años que me he dedicado exclusivamente al área medioambiental”, dice Ana Lya Uriarte, y plantea que con la reforma habrá mayor exigencia en profesionalización y especialización en el área ambiental. “No sólo se limitará a la litigación en tribunales, sino que a ser capaces de acompañar la gestión de los actores ambientales”, dice.

Uriarte es abogada de la Universidad de Chile, fue fiscal del Servicio de Salud Ambiental de la Región Metropolitana y luego trabajó en la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado. Hasta que fue nombrada directora ejecutiva de la Conama y luego primera Ministra del Medio Ambiente, posición desde la que fue la cara visible del proceso de cambio de la institucionalidad medioambiental. También es investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Para Enrique Vergara el período de inhabilidad es aún más amplio en algunas materias -31 de diciembre-, dado que este abogado aún mantiene un vínculo con la FNE como asesor en casos como el proceso por colusión en farmacias y las agencias de publicidad.

Al convertirse en la primera titular del recientemente creado Ministerio del Medioambiente, le correspondió el rediseño de la institucionalidad ambiental chilena, el que comprendió la creación del Ministerio del Medioambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medioambiente, a través de la dictación de la Ley 20.417,  así como del envío al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de creación de los Tribunales Ambientales, en actual tramitación. Además, tuvo a su cargo el proceso de ingreso Chile a la Organización para el Desarrolllo Económico, OCDE, en materia medioambiental.

Antes de ello, Ana Lya Uriarte se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA), como abogada de la Unidad Ambiental del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y como Abogada Jefa del Servicio Metropolitano del Ambiente, SESMA, entre otros cargos públicos.

Además de ejercer profesionalmente en rivadeneira ♦ colombara ♦ zegers, Ana Lya Uriarte hará clases en el Centro de Medioambiente de la Facultad de Derecho de la  Universidad de Chile.