Enrique Vergara, abogado, ex Fiscal Nacional Económico

El 12 de mayo recién pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) celebró su séptimo año de existencia.  Como es ya costumbre, el Presidente del Tribunal dio cuenta de la gestión realizada el último año, mostrando a través de estadísticas y datos duros la buena salud de la que goza dicha institución y, en general, nuestro sistema de libre competencia.  En el solemne acto se aprovechó además de presentar el libro La Libre Competencia en el Chile del Bicentenario,  editado por el TDLC y el Centro de Libre Competencia de la UC, para lo cual se invitó al Ministro de Justicia, experto en esta materia.

En su discurso, el Ministro tocó un tema que me parece central en la ejecución de la política de competencia: la predictibilidad. En efecto, como en esta materia es inevitable contar con normas generales que describan las conductas ilícitas, pues es altamente ineficiente tratar de encasillarlas en un listado detallado dado que el dinamismo propio de los mercados siempre dejarán dichas normas obsoletas, la experiencia ha demostrado que muchas veces se hace extraordinariamente difícil determinar o anticipar si un determinado comportamiento encuadra o no en el tipo legal.  Son normas, como diría el Ministro de Justicia, “vaporosas” o “jabonosas”.

Este problema, que es altamente desafiante desde el punto de vista profesional para los abogados y economistas que nos dedicamos a esta área, no lo es tanto para los agentes económicos. Muy por el contrario, a veces ello puede resultar un verdadero obstáculo a la hora de tomar decisiones, lo que sin duda afecta la actividad económica y su crecimiento, pues para todos aquellos quienes participan en el exigente mundo de los negocios es esencial tener las reglas del juego claras.  

Por esta razón, es tan importante para el país invertir de manera decidida, como se ha hecho en los últimos años, en su sistema de libre competencia, pues serán sus instituciones, particularmente el TDLC, las que a través de sus decisiones mitiguen los riesgos de incerteza que, inevitablemente, conlleva la aplicación de la política de competencia. En este sentido, se puede afirmar que vamos en la línea correcta.

Sin ser autocomplaciente, pues aún queda mucho por hacer en el  campo de la predictibilidad, en los últimos años se ha avanzado considerablemente: las sentencias y resoluciones del TDLC son cada vez más fundadas, la FNE ha dictado directrices generales como la Guía para las Asociaciones Gremiales y la comunidad académica ha dado un fuerte impulso a los temas de libre competencia a través de la organización de seminarios, diplomados y publicaciones. En esta línea, el libro que presentó el Ministro de Justicia en la cuenta pública del TDLC será un valioso aporte, más que por la excelencia y rigor de cada uno de los artículos que contiene, sino porque permitirá que los agentes económicos puedan navegar un poco mejor en las turbulentas aguas de la libre competencia.

En el evento expusieron Rodrigo Zegers, abogado de Rivadeneira Colombara Zegers, quien se refirió a la incidencia de sentencias penales en materia de posesión inscrita, Mario Saquel, abogado auditor del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y Marco Antonio Sepúlveda, Director Ejecutivo de la Academia Chilena de Derecho Registral.

 La Congregación mantiene una ardua disputa legal con el rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, quien a fines del 2010 les impidió el ingreso al recinto

 SANTIAGO.- En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección a favor de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús (CRSCJ) para asegurar su ingreso a las dependencias del establecimiento que esta comunidad posee en Reñaca, conocido también como Colegio de las Monjas Inglesas.

 La resolución judicial se dictó en medio de una ardua disputa legal que enfrenta actualmente a la Congregación con el rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, presidente de la sociedad anónima que se encargó de administrar el recinto educacional.

 En 2005, la Sociedad Educativa del Sagrado Corazón S.A., propiedad de Zúñiga y su cónyuge en cerca del 90%, tomó el control del Colegio Sagrado Corazón de Reñaca, luego de celebrar una serie de contratos que incluyeron el uso de la marca y el arriendo de la mayoría del inmueble, ubicado en la calle General Bulnes de dicha comuna.

 En ese último contrato se consignó que tanto el pabellón C, como parte del B, no estaban incluidos en este acuerdo, ya que en ellos las religiosas mantienen dormitorios, comedores y espacios destinados a actividades pastorales propias de la Congregación.

 Según las religiosas, tras 5 años bajo su control, la Sociedad Educativa no pudo de revertir los malos resultados financieros del colegio, por lo que la representante de la institución, Sofía Baranda, comunicó a Zúñiga y al gerente general de la sociedad, su intención de no renovar el contrato de arrendamiento, que expiraba el 31 de diciembre de 2010.

 La decisión adoptada por las religiosas no fue bien recibida por los representantes de la sociedad y el 24 de diciembre pasado se prohibió el ingreso de las religiosas a las dependencias del colegio.

 El acceso a los pabellones donde vivían coincide con la entrada del colegio, que está custodiada por guardias privados que les impidieron el ingreso.

 Ahora, el máximo tribunal determinó que los representantes de la Sociedad Educacional que mantiene el control de inmueble están obligados a permitirles el paso a las monjas, ya que al negarlo están vulnerando el derecho a propiedad que ellas tienen en el recinto.

 Esto en medio de una disputa legal que enfrenta a la congregación con la Sociedad Educativa del Sagrado Corazón S.A, entidad que se encargó de administrar el recinto desde el 2005 y que controla el rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Salinas.

 Las religiosas mantienen dormitorios, comedores y espacios destinados a actividades pastorales propias de la congregación y fueron impedidas de acceder por guardias que tenían órdenes de no permitirles el ingreso a las dependencias.

 Frente a esto, el máximo tribunal determinó que los representantes de la Sociedad Educacional que mantiene el control de inmueble están obligados a permitirles el paso a las monjas, ya que al negarlo están vulnerando el derecho a propiedad que ellas tienen en el recinto.

 La acción judicial fue patrocinada por los abogados Rodrigo Zegers y Enrique Vergara, socios del Estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers.

 Esta resolución judicial se dictó en medio de una ardua disputa legal enfrenta actualmente a la Congregación con el rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Salinas, presidente de la sociedad anónima que se encargó de administrar el recinto educacional.

 En 2005, la Sociedad Educativa del Sagrado Corazón S.A., propiedad de Zúñiga y su cónyuge en cerca del 90%, tomó el control del Colegio Sagrado Corazón de Reñaca, luego de celebrar una serie de contratos que incluyeron el uso de la marca y el arriendo de la mayoría del inmueble, ubicado desde 1970 en la calle General Bulnes de Viña del Mar.

 En ese último contrato se consignó que tanto el pabellón C, como parte del B, no estaban incluidos en este acuerdo, ya que en ellos las religiosas mantienen dormitorios, comedores y espacios destinados a actividades pastorales propias de la Congregación.

 Tras 5 años bajo su control, la Sociedad Educativa 110 pudo de revertir los malos resultados financieros del colegio. En ese orden de cosas, la representante de la institución, Sofía Baranda, comunicó a Zúñiga y al gerente general de la sociedad, Cristián Carrasca Mendía, su intención de no renovar el contrato de arrendamiento, que expiraba el 31 de diciembre de 2010.

 Derecho de propiedad 

La decisión adoptada por las religiosas no fue bien recibida por los representantes de la sociedad, lo que agudizó la tensa relación existente entre ambas partes. Pero, no fue sino hasta el 24 de diciembre pasado cuando las acciones de hostigamiento en contra de las monjas se hizo patente, al no permitírseles el ingreso a las dependencias que nunca fueron parte del contrato de arriendo.

 El acceso a los mencionados pabellones coincide con la entrada del colegio, que está custodiada por guardias privados que impiden el ingreso a cualquier religiosa.

 Frente a esto, el máximo tribunal determinó que los representantes de la Sociedad Educacional que mantiene el control de inmueble están obligados a permitirles el paso a las monjas, ya que al negarlo están vulnerando el derecho a propiedad que ellas tienen en el recinto.

 La acción judicial fue patrocinada por los abogados Rodrigo Zegers y Enrique Vergara, socios del Estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers.

 Esto en medio de una disputa legal que enfrenta a la congregación con la Sociedad Educativa del Sagrado Corazón S.A, entidad que se encargó de administrar el recinto desde el 2005 y que controla el rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Salinas.

 Las religiosas mantienen dormitorios, comedores y espacios destinados a actividades pastorales propias de la congregación y fueron impedidas de acceder por guardias que tenían órdenes de no permitirles el ingreso a las dependencias

 Frente a esto, el máximo tribunal determinó que los representantes de la Sociedad Educacional que mantiene el control de inmueble están obligados a permitirles el paso a las monjas, ya que al negarlo están vulnerando el derecho a propiedad que ellas tienen en el recinto.

 La acción judicial fue patrocinada por los abogados Rodrigo Zegers y Enrique Vergara, socios del Estudio Rivadeneira Colombara, Zegers.

upi/so

 La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió en fallo unánime un recurso de protección a favor de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús para asegurar su ingreso a las dependencias del establecimiento que esta comunidad posee en Reñaca.

 El dictamen fue dictado a causa de una disputa legal por el contrato de arrendamiento del inmueble, que mantiene enfrentadas a la congregación religiosa y la Sociedad Educativa del Sagrado Corazón S.A., la cual administra el recinto.

 El presidente de la Sociedad Anónima y Rector de la Universidad, del Mar, Héctor Zúñiga, afirmó que respetan el dictamen del Poder Judicial, pero que éste tiene un efecto mediático, ya que la acción precautoria que impedía el paso de las religiosas, buscaba que cumplieran con el pago de los servicios básicos del inmueble.

 Por lo pronto, el máximo tribunal determinó que los representantes de la Sociedad Educacional que mantiene el control del inmueble están obligados a permitirles el paso a las monjas, ya que al negarlo están vulnerando el derecho a propiedad que ellas tienen en el recinto.

Fuente: Bío-Bío